La batalla del asilo se decide en las urnas

Cerca de 5.000 personas se manifestaron el pasado 1 de abril contra la revisión de la ley de asilo.

Los suizos votan por cuarta vez en menos de veinte años sobre el derecho de asilo. Según los partidos de derecha y del centro, el endurecimiento de la ley servirá para luchar contra los abusos y la delincuencia. Para la izquierda, las nuevas medidas van en contra de la tradición humanitaria del país.

“Siempre le estaré agradecido a Suiza por habernos acogido como refugiados en 1981”, afirma Antonio Hodgers. Tras el asesinato de su padre, una de las víctimas de la dictadura argentina, el diputado de los Verdes, su madre y hermana encontraron refugio en Ginebra.

“Desde entonces, cursé estudios en este país, ingresé en la política y fui elegido diputado nacional. Formo parte de la sociedad suiza. Quiero decir que uno no es un refugiado toda la vida. Nos integramos y aportamos nuestro granito de arena a la riqueza económica y cultural de Suiza. No entiendo por qué el Parlamento se ensaña de esta manera con los refugiados y endurece continuamente la ley del asilo”.

En los últimos treinta años, la Ley Federal del Asilo se ha revisado una decena de veces, cada tres años en promedio. Las revisiones se intensificaron en la década de 1990, cuando las solicitudes de asilo se multiplicaron hasta alcanzar el récord histórico de 48.000 en 1999. Y las enmiendas legislativas prosiguieron en la última década, pese a que las demandas anuales descendieron a entre 10.000 y 15.000.

ASILO EN SUIZA

Casi el doble de solicitudes en dos años

Las solicitudes de asilo prácticamente se han duplicado entre 2010 y 2012, sobre todo a raíz de la primavera árabe. En los primeros meses de 2013, su número vuelve a descender. A finales de la década de 1990, se registraron récords históricos tras el conflicto bélico en la antigua Yugoslavia.

Medidas urgentes

El último proyecto de revisión, que el Gobierno presentó en 2011, se centraba principalmente en acelerar los procedimientos de evaluación de las solicitudes, que en Suiza son más largos que en otros países europeos. Prácticamente todos los partidos comulgan con ese objetivo. Durante el debate en el Parlamento, las formaciones del centro y de la derecha insistieron en la necesidad de adoptar primero medidas urgentes para hacer frente al nuevo aumento de las demandas de asilo, que en 2012 alcanzaron las 28.000 como consecuencia de la primavera árabe.

Con ese fin, la mayoría burguesa (derecha y centro-derecha) del Parlamento, aprobó dos nuevas modificaciones para limitar el derecho de asilo. Un centenar de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones humanitarias han lanzado un referéndum contra la primera, que entró en vigor desde el pasado 29 de septiembre. La última palabra la tienen los votantes el próximo 9 de junio.

Se cuestionan sobre todo cuatro puntos. Las demandas de asilo ya no se pueden presentar en las embajadas, sino solamente en la frontera suiza. Los desertores y objetores de conciencia dejan de ser reconocidos automáticamente como refugiados. Los solicitantes que supongan una amenaza para el orden y la seguridad serán ingresados en centros especiales. Y el Gobierno dispone de dos años para probar nuevos procedimientos de evaluación y podrá reducir de 30 a 10 días el plazo para recurrir la decisión.

Medidas propuestas

El Gobierno, así como los partidos del centro y de la derecha respaldan las enmiendas en la Ley de Asilo que aprobó el Parlamento el pasado 28 de septiembre. La izquierda, los sindicatos y las organizaciones humanitarias se oponen.

Los cambios principales son:
 
Solo se podrá presentar una demanda de asilo en la frontera y los aeropuertos suizos. Queda suspendida la opción de solicitar asilo en las embajadas.

No se consideran refugiados las personas que corren peligro por haber desertado o haberse negado a cumplir el servicio militar. Sin embargo, se les garantiza aún protección en virtud de la Convención Internacional sobre el Estatuto del Refugiado.

Los demandantes de asilo que supongan una amenaza para la seguridad y el orden público serán ingresados en centros especiales.

El Estado puede alojarlos en sus infraestructuras, sin previa autorización de los cantones y municipios.

En el transcurso de dos años, el Gobierno probará nuevos procedimientos en la evaluación de las demandas de asilo. En este caso, puede reducir de 30 a 10 días el plazo para recurrir las solicitudes denegadas.

Descontento popular

La mayoría del Legislativo considera que estas medidas servirán, ante todo, para desalentar a los “refugiados económicos”, que constituyen la abrumadora mayoría. Solamente entre el 10 y el 20% de quienes solicitan cada año asilo en Suiza reúnen las características de “verdaderos” refugiados. La revisión de la ley permitirá, además, combatir mejor los abusos y el elevado índice de delincuencia entre este colectivo que tanto preocupa a la población.

“El descontento de la gente se palpa. Se percibe en la creciente resistencia a la apertura de nuevos centros de acogida para los demandantes de asilo. No soportamos más delitos ni disturbios de gente que no se atiene a las leyes suizas. A partir de ahora ingresarán en centros especiales, lo cual beneficiará también las personas que realmente son dignas de recibir protección”, declara Lukas Reimann, diputado de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora).

“Suiza es además el único país europeo que reconocía aún como refugiados a los desertores y los objetores de conciencia. Y era uno de los pocos que aceptaba las solicitudes de asilo presentadas en sus embajadas. Estos factores la convertían en un destino atractivo respecto a otros países, por lo que había que tomar cartas en el asunto”, agrega Reimann.

Clima de miedo

En nombre de la tradición humanitaria de Suiza, los diputados verdes y socialistas se opusieron a este nuevo endurecimiento de los requisitos para obtener asilo. En su opinión, las medidas afectan también a los refugiados verdaderos y pretenden, más que nada, manipular emocionalmente a la población con fines electorales. El Partido Socialista se abstuvo de respaldar el referéndum promovido por los Jóvenes Verdes para evitar que una nueva votación nacional sobre el asilo se convirtiera en una plataforma de propaganda para la derecha.

“Estas medidas son, ante todo, inhumanas: muchos solicitantes de asilo, desertores y objetores de conciencia provienen de países como Eritrea, donde corren peligro de ser torturados o condenados a severas penas. Además, son absurdas. Si se suprimen las demandas de asilo en las embajadas, habrá más personas que vendrán a Suiza para pedir asilo”, afirma Balthasar Glätti, diputado de los Verdes.

“Con la nueva revisión de la ley, la derecha y ahora también los partidos del centro quieren generar miedo contra todo lo que proviene del extranjero. En realidad, estamos hablando de pocas decenas de miles de personas. Se intenta centrar la atención en ellas para ocultar los verdaderos problemas que debemos afrontar, como la urgencia de un viraje energético y la crisis del sector financiero”.

Suiza, menos restrictiva

¿Las nuevas medidas, justificadas o no, ayudarán a reducir la afluencia de solicitantes de asilo? Lukas Reimann está convencido de ello. “En los últimos años, la mayoría de los países europeos han endurecido su legislación en la material. Las leyes suizas pasaron a figurar entre las menos restrictivas. Con esta revisión no se resuelven todos los problemas, pero seguramente podemos reducir los abusos y reforzar la seguridad de la población”.

Antonio Hodgers, en cambio, se muestra escéptico: “En cada revisión se nos asegura que es la buena y, a los pocos meses, se prepara una nueva. En la práctica, es como reconocer que la última –que se vendió como indispensable- no sirvió de nada”.