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Domingo, 23 de junio del 2013. Queda una semana para que finalice el plazo que concede la Liga para saldar las deudas con los jugadores y el Deportivo se encuentra en uno de los peores momentos de su historia. Con un Lendoiro cuestionado incluso por su propio abogado, y que desde el descenso solo ha hablado una vez sin aclarar nada, la situación se ha vuelto insostenible.

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Preocupación

Empleados, técnicos y futbolistas, desconcertados ante la falta de información

Salvo sus más cercanos colaboradores, el resto del club apenas sabe nada de Lendoiro. El dirigente no da explicaciones de cómo está la situación, de si hay negociaciones, de si el futuro del club está más próximo a la viabilidad o a la liquidación… Los días pasan y las preguntas que se hacen los trabajadores (técnicos y futbolistas incluidos) son tantas que la preocupación ya ha hecho acto de presencia.

Desconfianza

No se fía de él ni su abogado, amigo personal desde hace décadas

Las declaraciones efectuadas esta semana por Germán Rodríguez Conchado en el DxtCampeón son una muestra del sentir de gran parte del deportivismo. Ni su abogado, por otra parte amigo personal desde hace décadas, se fía ya de Lendoiro. Entiende que tiene que abandonar el Deportivo por el bien de la centenaria institución. Resulta llamativo (aunque es habitual en su proceder) que a pesar de la dureza del ataque, no solo contra él sino contra su familia, Lendoiro todavía no haya salido en público para decir si está o no dispuesto a echarse a un lado para que otro trate de salvar un club que él está demostrando que, más que ayudarlo, está hundiéndolo más.

El convenio

¿Cuáles son los avances realizados en siete meses?

El 8 de noviembre del año pasado el Deportivo presentaba el preconcurso en los juzgados de A Coruña. Horas después, Lendoiro comparecía ante los medios informativos (prohibió el acceso a La Voz de Galicia) para explicar el paso que había dado. Así recogían sus declaraciones medios del club: «No existe el preconcurso. Simplemente se le dice al juez de lo Mercantil que vamos a tener un período, que ya se establece por el artículo 5 bis, de tres meses para llegar a acuerdos con los acreedores y un mes para presentar el acuerdo. No quiero hablar ni de pre, ni de concurso. Son negociaciones previstas en la ley». Siete meses más tarde, nada se ha sabido de esas negociaciones. El Deportivo entró en concurso hace cinco meses y sigue sin explicar nada. ¿Cuáles son los avances realizados en siete meses? ¿En qué punto se encuentran las negociaciones? ¿Está ofreciendo Lendoiro unos planteamientos absolutamente inasumibles para los bancos y la Agencia Tributaria? ¿Está únicamente preocupado de salvarse él, más allá del interés del Deportivo?

Amenazas

La Liga sigue asegurando que si el club no está al día en los pagos el 30 lo expulsa de las competiciones

Aunque después haya un plazo de un mes para negociar la retirada de denuncias, la amenaza del descenso administrativo contra el Deportivo sigue viva. La Liga no se mueve en su postura de expulsar de las competiciones profesionales a la entidad que preside Lendoiro si el 30 de este mes no está al corriente del pago con jugadores y clubes. Como el propio dirigente reconoció en la presentación de Fernando Vázquez, «es imposible» que la LFP se comprometa a no aplicar un descenso administrativo.

Planificación deportiva

No se sabe nada ni de altas ni de bajas

El 5 de julio es la fecha elegida por Fernando Vázquez para iniciar la pretemporada. Quedan dos semanas y el técnico todavía no sabe con qué jugadores de los actuales integrantes del primer plantel podrá contar. Igualmente, desconoce el nivel de los refuerzos, pues no sabe con exactitud la cantidad que el club podrá destinar para reforzar la plantilla. Así las cosas, es previsible que inicie los entrenamientos con menos de quince profesionales a los que añadirá un buen grupo de futbolistas, principalmente del Fabril pero también del juvenil.


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La pérdida de servicios llega en un momento de elevado repunte migratorio a Suiza
El anuncio de cierre (técnicamente, «suspensión de funciones a partir del 15 de septiembre», según una nota informativa de la Embajada) de la agencia consular de Basilea, en Suiza, empeorará la situación administrativa de miles de emigrantes gallegos de primera y segunda generación. Y de la actual, la tercera, en un momento de repunte de llegadas al país helvético a ritmos semejantes a los de los años ochenta por la crisis, con la diferencia de que entonces había mucho trabajo, y ahora no.
El cierre programado, aunque no definitivo, sería más amplio que la representación diplomática, que quedará centralizada en Berna (a más de 100 kilómetros), ya que también afecta a la asesoría de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, y a la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas, implantando clases semipresenciales para los alumnos. Los españoles potenciales que hacen uso de estos servicios desde varios cantones rondan los 10.000, y el porcentaje de gallegos, oficialmente registrados, oscila entre el 40 y el 50 %, por lo que los afectados originarios de Galicia pueden llegar a hasta los 5.000.
La posibilidad de cierre ha provocado una reacción en cadena de numerosos colectivos con sede en la ciudad suiza, con la creación de una plataforma que ha preparado una concentración para el lunes, y otra el día 22 frente al consulado. Quiere evitar a toda costa el cierre, y de hecho ayer por la tarde, tal vez por esta presión, ya recibieron algunas llamadas en el sentido de que tal vez algunos servicios pudieran mantenerse.
Uno de sus miembros, el abogado y empresario Daniel Ordás, de origen asturiano, apunta un inmenso listado de inconvenientes para los españoles en caso de que la clausura se lleve a cabo. Entre ellos, que muchos de los usuarios frecuentes, emigrantes de los años sesenta, son mayores y no pueden viajar solos a Berna, o que ahora están llegando muchos jóvenes que no conocen el idioma ni el mercado laboral al que van, y justamente lo que debería hacer España es reforzar la atención, no suprimirla. Apunta incluso que el de Basilea es el «modelo a seguir», con pocos gastos y un funcionamiento ejemplar, y que el argumento de la crisis no es aplicable, ya que genera más gastos su ausencia que su presencia, además de todos los problemas para las familias para las clases de español o las jornadas de pérdida de trabajo.
Aurora García Bouzada, con padres procedentes de Lugo y Pontevedra, también forma parte de la plataforma recién constituida, y coincide en los argumentos. «A verdade é que hai moitos pais moi preocupados», indica. «Cada vez hai máis xente, e quitan a axencia, non se entende», se queja.
Consejo de Residentes

José Manuel Otero Duarte, presidente del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la demarcación consular, ya ha mantenido reuniones con representantes de la Administración en la capital suiza, y tampoco entiende el desmantelamiento. «O máis fácil é pechar», se lamenta. Residente en Lyss, trabajador en Suiza desde hace 25 años (tiene 49), asegura que entre todos están trabajando para evitarlo. «É moi necesario para facer calquera xestión, cousas de residencia, de pasaporte, de traballo, por iso hai tanta xente en contra de que peche», explica. Conoce en detalle la situación de quienes llegan a Suiza en busca de empleo, para los que esta oficina sería un apoyo. «Está vindo moita xente, sen traballo e sen cartos, a min chámame moita xente», señala.
Ramón Carreira Collazo, presidente de la asociación Sementeira, que desde hace décadas promueve la cultura gallega y agrupa a parte de la colectividad, califica el anuncio como «barbaridade», y explica que la entidad prepara un documento de protesta. Carreira, natural de Carballo, cree que la crisis no puede ser un argumento para todo, y menos para algo que implica la pérdida de acceso a servicios para miles de personas.
Ordás, que preside también una entidad de empresarios, asegura que Basilea es «importantísimo para muchos empresarios y artistas españoles; hasta ahora solo lo era para las grandes empresas, pero también las pymes tienen que salir al exterior o morir».


El trabajador se durmió sobre la tecla 2 y emitió una orden por valor de 222.222.222,22 euros en lugar de 64,20
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Un empleado de banca del estado de Hesse, en Alemania, emitió el pasado abril una orden de transferencia de 222.222.222,22 euros, en lugar de los 64,20 previstos, tras quedarse dormido sobre el teclado presionando la tecla del número 2 en su ordenador, según informa la BBC.
El error no fue detectado por su supervisor, que fue despedido por la entidad. Ahora, sin embargo, un juzgado laboral alemán ha determinado que el supervisor sólo debería de haber recibido una advertencia y que debe ser readmitido en su puesto de trabajo.
El juez valoró que el día del surrealista incidente el supervisor había revisado 812 documentos a un ritmo en la mayoría de los casos de un documento por segundo.
El dinero nunca llegó a salir del banco dado que otro colega detectó el error y lo corrigió, según explica la BBC.


La administración pública española ahorraría al menos 50 millones de euros anuales sustituyendo el agua embotellada de reuniones, entrevistas, encuentros o seminarios por agua de grifo, según concluye en un artículo el director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), José Luis González Vallvé.
En un texto publicado en la página web ‘iAgua’,el exconsejero de Castilla y León explica que España se encuentra entre los cinco países mayores consumidores per cápita de agua embotellada del mundo, con un consumo de aproximadamente 5.000 millones de botellas por año.
Según desgrana, esto supone un consumo de entre 100 y 150 litros por habitante de un agua que cuesta entre 200 y 1.000 veces más que el agua de grifo. Y además, avisa de que no está claro de que el agua embotellada tenga «mejor sabor ni mejores condiciones higiénico-dietéticas-sanitarias» que la de grifo.
«No hay estadísticas ni estudios suficientemente rigurosos ni en los presupuestos públicos hay un epígrafe para el agua embotellada, pero una estimación conservadora sería la de que la Administración Pública consume entre el 5% y el 10% del total del consumo de agua embotellada de España. Si escogemos la menor de dichas hipótesis, tendríamos un gasto de 50 millones de euros por año que obviamente se ahorrarían en su casi totalidad si se consumiera agua del grifo», argumenta el director general de AGA.
Pero además, advierte de que otra de las consecuencias de este consumo son los kilos de plástico consumidos, de los que «sólo van al vertedero con tratamiento de residuos el 13 por ciento» y el resto acaba en parques, jardines, calles u otras zonas públicas, causando «más daño ambiental» que un desastre natural como el del Prestige.
González Vallvé apunta también al consumo energético que supone hacer botellas de plástico. «Producir un vasito de agua embotellada en envase de plástico, supone emitir como media 185 g de CO2 a la atmosfera, como un automóvil recorriendo un kilómetro, frente a los escasos 0,3g del modesto vasito de agua del grifo vía jarrita en la mesita», denuncia.
Además de consejero de la Junta de Castilla y León, González Vallvé ha sido funcionario internacional en la Comisión Europea y, como tal, director de su Representación en España, entre el 2003 y el 2009. En los últimos años ha sido presidente de Tecniberia, consejero del Icex y presidente del Consejo de Promoción Exterior de la CEOE.


Su calvicie, producida por estrés, empieza a ser algo ya bastante notablescale
Estos últimos meses están siendo meses especialmente caóticos para el duque de Palma. Este tiempo de estrés y de continua incertidumbre acerca de la sentencia final de Iñaki Urdangarin le están pasando factura. Su calvicie empieza a ser algo ya bastante notable. A su llegada al Palacio de Pedralbes, Urdangarín quedó expuesto a los medios durante unos segundos después de llevar meses evitándolo.
Después de que los medios pudieran capturar las imágenes del duque de Palma, se puede apreciar con bastante claridad y a una distancia más que prudencial que Iñaki se está quedando calvo por momentos.
Estos problemas en con el bello capilar podrían deberse al estrés que está sometido. Según las últimas informaciones, el Ministerio Público hace cuentas en el caso de Iñaki Urdangarín y puede enfrentarse hasta 17 años de cárcel por los delitos de malversación, falsedad, fraude a la Administración y prevaricación. A esta condena habría que sumar otros tres delitos fiscales. Esta cifra se podría reducir hasta los 4 años de prisión en caso de que repare al dañó y reconozca los delitos.